SANTO DOMINGO.- Más de 100 síndicos y directores
municipales pertenecientes a todos los partidos pueden ser procesados
penalmente por "serias y graves irregularidades" en sus funciones,
denunció este martes la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
En un documento remitido, la
entidad indica que a diario recibe denuncias de actos de corrupción
provenientes de los municipios y distritos municipales, entre los que se
destacan las adquisiciones de bienes y servicios sin cumplir con los
procedimientos que prevé la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, el pago de
obras cuantiosas sin ser ejecutadas, la existencia de nóminas fantasmas y la
designación de parientes.
Recuerda que la Ley 176-07 que rige el Distrito
Nacional y los Municipios, en su Artículo 21 referente al destino de los fondos
señala: "Los ayuntamientos
destinarán los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades
establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias
manteniendo los siguientes límites en cuanto a su composición:
a. Hasta
el veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal, sean éstos relativos
al personal fijo o bajo contrato temporal.
b. Hasta
el treinta y un por ciento (31%), para la realización de actividades y el
funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su
competencia que prestan a la comunidad.
c. Al
menos el cuarenta por ciento (40%), para obras de infraestructura, adquisición,
construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles
asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de pre inversión e inversión para
iniciativas de desarrollo económico local y social.
d. Un 4%
dedicado a programas educativos, de género y salud”.
El coordinador de ADOCCO, Julio César De la Rosa
Tiburcio, declaró que las sanciones contempladas en la ley se detallan
claramente en el Párrafo IV:
“La violación de este artículo será sancionado
con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco
(5) a veinte (20) salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para
el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos
casos”.
“En el
caso de que el tesorero y el contralor municipal no denuncien ante las
autoridades de control y persecución competentes, se castigarán como
infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”.
Advierte que la Dirección Nacional de Persecución
de la Corrupción Administrativa, DPCA, debe prepararse para darle seguimiento a
todas esta atrocidades cometidas por los alcaldes en cuestión, lo mismo le
advierte a la Cámara de Cuentas de la República que debe proceder a entregar
las auditorias que ha realizado en las instituciones edilicias, ya que eso
permitiría traducir a los tribunales a los responsables del manejo irregular de
los fondos públicos.
“Es una oportunidad que tiene la Liga Municipal
Dominicana para reasumir su rol como asesora de los ayuntamientos del país,
para que deje atrás la imagen de botín al servicio del clientelismo político,
ya que durante los últimos doce años no ha hecho ningún aporte significativo al
municipalismo dominicano, agrega.
No hay comentarios:
Publicar un comentario