Manuel Díaz Aponte
Las irracionales pasiones que
caracterizan a los integrantes de las ONG,s pro haitianas establecidas en la
República Dominicana están llegando a un nivel de provocación e
irresponsabilidad inaceptable en cualquier sociedad civilizada, regida
bajo un Estado de derecho bien definido.
Parecería que estamos en la antesala
de una trama contra las estructuras esenciales de nuestra nacionalidad para dar
paso a un escenario en el que predominará el caos y el “salvase quien pueda”.
Es inconcebible que la doble moral
del gobierno de Estados Unidos aún siga predominando en las relaciones con sus
supuestos aliados y socios comerciales en América Latina, con directrices
claramente colonialistas e imperialistas en el que la fuerza se impone por
encima de las instituciones.
¿A quién se le ocurre en su sano
juicio intentar salir de un territorio hacia otro sin contar con un pasaporte
debidamente expedido por las autoridades correspondientes? Peor todavía, ¿cómo
es posible que una nación considerada la más desarrollada y avanzada del mundo
conceda una visa a una persona sin disponer del pasaporte expedido
oficialmente?
Con esa actitud, las autoridades
norteamericanas están irrespetando al Estado dominicano tratando de doblegar a
sus autoridades para que desconozcan la histórica Sentencia 168-13 expedida por
el Tribunal Constitucional (TC), que establece una nueva normativa migratoria
en el país.
Los objetivos de la ciudadana de
ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, de viajar a Washington para
participar en una sesión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH), realizada este lunes 24, eran bien definidos. Quería ser protagonista
de los ataques despiadados contra la República Dominicana ante supuestas
violaciones a los derechos humanos por la aplicación del Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros.
Valiente y firme ha sido la posición de
la Dirección General de Migración al impedir que Deguis Pierre intentara salir
del territorio por no disponer del pasaporte, con lo cual no solo estaría burlándose
de las propias autoridades nacionales sino de cada ciudadano y ciudadana
dominicana que tienen legitimo derecho de ver en su país la aplicación de
normas migratorias.
Nuestro territorio y legitimidad de las
instituciones nacionales debemos defenderlas hasta con la propia sangre si es
necesario. Porque somos un Estado soberano con sus leyes y reglamentaciones
internas que no pueden ser ignoradas por ningún extranjero, no importa a que
nación representa.
Con presiones, chantajes y golpes bajos
el movimiento pro haitianos que opera en República Dominicana en complicidad
con países como Estados Unidos, Francia, España y otras naciones
latinoamericanas no alcanzará éxito. Todo lo contrario, tendrá la repulsa de
cada ciudadano dominicano que ama su territorio y que al igual que nuestro
patricio Juan Pablo Duarte está dispuesto a defenderla hasta las últimas
consecuencias.
Así como lo expresó la embajadora Radhys
Abreu de Polanco, quien representó al país ante la audiencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, preocupa las
reiteradas convocatorias para tratar el tema del derecho a la nacionalidad
dominicana.
Y observó que el caso ha sido
suficientemente debatido en el propio organismo internacional.
Sorprende la numerosa comisión
defensora de los haitianos en esta sesión de la CIDH, reunida en la capital de Estados
Unidos, en contraste con la reducida delegación oficial dominicana.
¿Quién habrá costeados los pasajes aéreos y de hotel de tantas gentes que
representaban al Centro Bono?
Entiendo que es correcta la posición
del presidente Danilo Medina de consultar a diversos sectores políticos,
profesionales, y expertos en asuntos migratorios sobre la
Sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional.
El primero de estos encuentros fue con
el ex presidente Leonel Fernández y posteriormente, con el ex mandatario
Hipólito Mejía así como con otras personalidades del país.
Esas consultas permitirán al Jefe de
Estado tener mayores elementos de juicio a la hora de remitir a las cámaras
legislativas la nueva Ley de Naturalización de Extranjeros.
Lo cierto es que las autoridades deben
tomarse el tiempo que sea necesario antes de adoptar otras medidas dirigidas a
regularizar y actualizar la presencia de extranjeros en la tierra de Duarte,
Sánchez y Mella.
