PRUDENCIA Y EXCESIVO PUDOR.

ORLANDO GIL-LISTIN DIARIO.

ALLÍ, CERQUITA.- Al correr de los meses se produce una situación que hubiera sido impensable el año pasado, cuando las islas del Caribe se pusieron todas a una en el seno del Caricom para condenar a República Dominicana por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. En la OEA y en cada evento regional los voceros de ese colectivo de naciones pequeñas censuraron el país y defendieron los derechos de los descendientes de haitianos. Ahora sucede que Bahamas toma conciencia de su propia realidad y actúa, tal vez con mayor rudeza, contra los haitianos aposentados en su territorio de manera ilegal. Según reseña la prensa haitiana, las autoridades de Bahamas realizan verdaderas razzias. Van casa por casa buscando haitianos ilegales, y no solo detienen al padre, sino también a los hijos, y llevan a ambos a sitios de detención a la espera de su deportación...

DIFERENCIA.-  Las autoridades haitianas, tan prestas cuando se trata de República Dominicana, no se atreven a ir de frente contra el gobierno de Bahamas, y más bien quieren echarles agua a un vino que se pasa de espeso. En una declaración conjunta de Asuntos Exteriores y de Haitianos de Ultramar se hizo saber que el gobierno sigue con interés la situación, pero reconoce que es una consecuencia directa y  natural de políticas migratorias adoptadas por Bahamas.  ¡ Cuánta prudencia y qué excesivo pudor ! Ahora, no debe extrañar ese cuidado, pues resulta que el archipiélago no deja resquicio para más. No se anda con contemplaciones y aplica la ley de acuerdo a la  letra y a la  circunstancia. ¿ Por qué los haitianos de la diáspora o del gobierno de la media isla no denuncian esas inocultables violaciones a los derechos humanos, o por qué la CIDH no asume de oficio la defensa de esos pobres inmigrantes ?...

RÉPLICAS.- Las preguntas son válidas porque el gobierno dominicano rechaza el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todavía no se seca la tinta de los periódicos, cuando replica la Comisión con advertencias severas. E igual hace Amnistía Internacional. Se trata evidentemente de una acechanza intensa, permanente, casi asedio. Y entre las muchas razones hay que resaltar el espíritu de dudas de las autoridades dominicanas, que acogen situaciones después que son sentencias del Tribunal Constitucional. Ahí sigue estando la clave, incluso cuando la entereza flaquea. Nada más hay que fijarse en el Ejecutivo. Dijo que no a la insensatez de la CIDH, pero de una vez anunció un consejo de abogados para estudiar los escenarios. Las cosas debieron haberse hecho al revés. Primero el análisis de los sabios y después la decisión de los legos. Esa actitud, que se repite, es la que alienta a la Comisión, a la Corte y a los organismos internacionales. Creen que el gobierno dominicano, si no echa para atrás, por lo menos  suaviza sus medidas...

EL FIN.- Y siempre se salen con las suyas, porque la Ley, el Reglamento y la Prórroga buscan en el fondo lo  mismo: amansar la sentencia del Tribunal Constitucional. Nadie cree que la extensión del plazo vaya a agilizar los trámites, y habrá que ampliar de nuevo, porque los sectores que manejan bajo cuerda este asunto saben que las autoridades nacionales temen verse obligadas, como solución final, a deportar a los irregulares. ¿ Qué tiempo tardó el gobierno haitiano en dar facilidades, y por qué no procedió de una vez como era  justo y oportuno ? ¿ Por qué el régimen de Michel Martelly no levanta la voz contra los desafueros que se cometen en Bahamas ? No. Contra República Dominicana sí, porque las autoridades del país se dejan coger los huesos. Los Estados y sus titulares deben manejarse con prudencia, de eso no cabe la menor duda, pero por igual nadie podrá negar de que un coño grande, como los de Guillermo Álvarez Guedes hubiera curado la necedad de todas las instancias que desde fuera agravian la República...