MANUEL DÍAZ APONTE
No cabe duda de
que la República Dominicana está compelida a llevar hasta las últimas
consecuencias su firme y soberana decisión de regular el sistema migratorio
nacional, como expresión de soberanía y dignidad como nación. No importa la
reacción de los haitianos que viven aquí o los que están en Haití, es nuestro
derecho como país y punto.
Entiendo
correcta la ofensiva diplomática impulsada por el Gobierno ante diversas
instancias internacionales que están requiriendo informaciones más directas
relacionadas a la histórica y definitiva Sentencia 168-13 del Tribunal
Constitucional (TC) que establece una nueva normativa en el sistema de
regulación migratoria.
El presidente
Danilo Medina ha recibido en su despacho del Palacio Nacional a embajadores de
varios países acreditados en el país; representantes de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), de la Unión Europea y Congresistas de Estados Unidos a
quienes ha explicado detalladamente el contenido de la disposición oficial.
Simultáneamente, ha enviado comisiones gubernamentales a Estados Unidos,
Venezuela y Cuba.
La pasada
semana, el ministro de
la Presidencia, Gustavo Montalvo, encabezó una delegación integrada por José
Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía; César Pina Toribio, consultor jurídico
del Poder Ejecutivo; Miguel Mejía, ministro sin Cartera y Roberto Rosario
Márquez, presidente de la Junta Central Electoral, quienes se reunieron en
Caracas y La Habana con funcionarios de alto nivel para explicarles aspectos de
la política migratoria dominicana.
Muy atinada la
decisión del Gobierno de enviar esos funcionarios a orientar directamente a
nuestros aliados internacionales sobre el contenido y propósito de las medidas
migratorias, cuyo propósito ha sido distorsionado maliciosamente por la
diplomacia haitiana que busca a toda costa una sanción de los organismos
internacionales contra la República Dominicana.
Los haitianos
olvidan la tradicional manifestación de solidaridad de los dominicanos hacia
ese empobrecido territorio; en algunos momentos nos hemos quitado el pan de la
boca para dárselo a esos vecinos malagradecidos.
Parece que su
propósito es que también le entreguemos el territorio de la República
Dominicana. ¡Qué barbaros! En realidad, la soberanía de una nación no se
negocia ni se regala. Los haitianos tienen que buscar su propia alternativa de
supervivencia pero en su territorio.
Hay que impedir
que los centros de maternidad del país sean abarrotados de haitianas que cruzan
la frontera sin documentación y que cientos de niños sin ningún papel de
identidad sean aceptados en las escuelas de la región fronteriza. Exagerada
solidaridad, que al final es pisoteada por los propios beneficiarios.
CONTINUARA
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